La Economía y el empleo ligado al olivar y la vid representan el principal sostén para miles de ciudadanos que habitan en el medio rural de Andalucía, las dos Castillas, La Rioja y una buena parte de territorios de España.
Siendo el objetivo fundamental del cultivo del olivar y la vid producir aceite, aceituna de mesa y vino, es cierto, también, que estos cultivos generan un volumen importante de biomasa con una estimación de 2 toneladas por hectárea para algunos cultivos como el olivar tradicional.
Actualmente una parte muy importante de esa ingente cantidad de recursos se queman en el campo sin aprovechamiento económico para los agricultores, produciendo un despilfarro energético en un país que tiene una dependencia energética global del 76'4%, y cortando un camino que puede generar oportunidades de empleo en el mundo rural.
Con datos de 2011 en Andalucía solo el 2,3% se dedicó a la generación de electricidad y otra pequeña fracción, un 5%, es astillado e incorporado al suelo. Este despilfarro energético es difícil de entender en un país con una dependencia energética exterior muy significativa.
En un momento, en que la sustitución de combustibles fósiles por renovables más necesaria que nunca y la Unión Europea ha hecho del denominado 20-20-20 uno de los ejes de su política, para garantizar la sostenibilidad de los sistemas naturales, España debe estar a la altura y responder en la medida de sus capacidades, y en el aprovechamiento de la biomasa nos queda mucho camino útil por recorrer.
El Gobierno de España ha adoptado decisiones en el último año que en lugar de mejorar el marco normativo, lo ha deteriorado notablemente. El Real Decreto 1/2012 impide el desarrollo de nuevas iniciativas industriales para el aprovechamiento de estos recursos, el Real Decreto 2/2013 coloca en grave riesgo de supervivencia a las plantas ya existentes al eliminar el IPC como el índice para la actualización de las retribuciones. Hacer viable el aprovechamiento de los recursos ahora despilfarrados, exige modificar una serie de normas para generar los estímulos adecuados y crear un marco estable que de seguridad a los inversores que ya están desarrollando proyectos industriales en el sector y al tiempo que permita acometer nuevas iniciativas.
Las consecuencias positivas derivadas de la adopción de estas medidas serían de orden medioambiental, energético y laboral, produciendo un elevado número de jornadas de trabajo en el medio rural y supondría un complemento de renta para los agricultores, en un momento en el que los bajos precios colocan a estas explotaciones en una situación muy vulnerable y la lucha contra el desempleo ha de formar parte del eje básico del conjunto de las administraciones es en su tarea cotidiana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario