#PSOEapuestaPorElOlivar: El Grupo Parlamentario del PSOE presenta una batería de iniciativas sobre olivar para contrarrestar la falta de compromiso del Gobierno de Rajoy

López y Zarrías durante la rueda de prensa

El Grupo Parlamentario Socialista de Jaén anunció hoy la presentación de una batería de iniciativas en defensa del sector del olivar: una Proposición no de Ley para que el olivar sea declarado cultivo energético agrícola, una petición de comparecencia del ministro de Agricultura para que explique la repercusión del acuerdo de la UE con Marruecos, así como otra PNL en defensa del sector agrario por este acuerdo; y un total de 5 preguntas escritas directamente relacionadas con el aceite de oliva

En rueda de prensa, el diputado Gaspar Zarrías explicó que el PSOE toma la iniciativa al constatar que estos primeros dos meses de Gobierno de Rajoy están suponiendo “malas noticias” para el olivar. Zarrías citó el “pernicioso” acuerdo de la UE y Marruecos, que “la derecha ha sido incapaz de frenar pese a que tiene la mayoría” en los órganos europeos; la pasividad del PP ante la reforma de la PAC, de la que el ministro “aún no ha dicho ni pío”; y la decisión de paralizar las ayudas a las energías renovables, sector donde Jaén es provincia líder en el ámbito de la biomasa.

En este contexto, el PSOE propondrá que el olivar sea declarado cultivo energético agrícola con el objetivo de “contrarrestar el palo que el Gobierno del PP le ha dado a Jaén con la supresión de las primas a las renovables”. De este modo, se pretende que la biomasa quede exonerada de esa moratoria y que las ayudas puedan seguir viniendo para la puesta en marcha de esos proyectos. Además, los socialistas proponen que se fije un canon a las energías ya amortizadas, como la nuclear o la hidroeléctrica, que permitiría contar con recursos para financiar las nuevas actividades de energías renovables.

Las 5 preguntas escritas reclamarán al ministro que explique si se están adoptando medidas para impulsar la concentración de la oferta, para favorecer la comercialización, para intensificar los controles de calidad y evitar fraudes, y para apoyar a los proyectos de investigación e innovación en Geolit. Asimismo, se le exige que detalle a qué actuaciones en la provincia de Jaén van a afectar los 400 millones de euros de recorte en el Ministerio.

Zarrías denunció que en estos primeros dos meses el Gobierno de la derecha “ha lanzado un órdago al Estado del Bienestar” y advirtió que “desgraciadamente esto no ha hecho más que empezar”, ya que por el momento el PP no se atreve a presentar unos Presupuestos Generales del Estado que a buen seguro “pondrán en cuestión conquistas sociales” logradas con mucha esfuerzo durante muchos años. 

Criticó que el Gobierno “aún no haya impulsado ni una sola medida para reactivar la economía y generar empleo”, máxime cuando durante mucho tiempo el PP “hizo de la crisis y del paro un arma arrojadiza” contra el Gobierno socialista. En aquella época decían que tenían una varita mágica y que iban a acabar de la noche a la mañana con los problemas del país, algo que ahora evidentemente se ha revelado como “una gran mentira”. “La mentira les echó del Gobierno en 2004 y las mentiras con las que han empezado a gobernar ahora les volverán a echar del Gobierno”, vaticinó.

En este sentido, Zarrías recordó que el PP dijo que no iba a subir los impuestos y, sin embargo, hoy ya se pueden comprobar los aumentos en las nóminas de los trabajadores y en los recibos del IBI. Además, criticó que en dos meses Rajoy “haya arremetido ya contra las clases medias, los trabajadores, los pensionistas, los dependientes, los jóvenes, los funcionarios y los opositores”. “Nunca un Gobierno hizo tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo”, denunció.

Sobre la reforma laboral, manifestó que es “un misil a la línea de flotación de los derechos de los trabajadores y de aquellos que no tienen un puesto de trabajo”, ya que abarata el despido, no crea empleo, favorece la precariedad laboral para los jóvenes y deja a los trabajadores en situación de indefensión frente a los empresarios.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista de Jaén, Felipe López, avanzó las áreas de responsabilidad que han asumido diputados y senadores jiennenses en ambas Cámaras. Concha Gutiérrez es portavoz del PSOE en la Comisión de Empleo y forma parte de las Comisiones de Fomento y del Pacto del Toledo. Zarrías es vicepresidente de la Comisión de Agricultura y forma parte de la Comisión de Presupuestos. Felipe Sicilia es portavoz adjunto en la Comisión de Agricultura y forma parte de la de Presupuestos. En el Senado, Francisco Vallejo es vicepresidente segundo de la Comisión de Economía y Competitividad, mientras que Felipe López es portavoz del PSOE en la Comisión de Presupuestos y viceportavoz en la Comisión de Comunidades Autónomas.

Por tanto, destacó que el PSOE de Jaén “va a estar en primera línea de los grandes temas que interesan a la provincia”, como el empleo, las pensiones, el olivar, los Presupuestos del Estado, las inversiones y las infraestructuras. Apuntó por ello que los ciudadanos de la provincia “pueden tener la certeza de que el Grupo Socialista va a defender los intereses de la tierra con un trabajo útil que responderá al compromiso adquirido con ellos”.

#EL PP NOS LLEVA A LA RUINA: El acuerdo de la Unión Europea (PP) con Marruecos agravará las crisis de precios que sufre el aceite de oliva

La liberalización de las exportaciones marroquíes de aceite de oliva, uno de los aspectos contemplados en el Acuerdo Agrícola con la Unión Europea ratificado por el Parlamento Europeo el pasado jueves, ha activado todas las alarmas entre los olivareros andaluces, que temen perder cuota de mercado por la competencia del país vecino.

El acuerdo establece que la UE elimina los derechos de aduana del aceite de oliva procedente de Marruecos, establecidos hasta ahora en el entorno de 1,25 euros por kilo, y limita a 2.000 toneladas las exportaciones de aceite sin aranceles de la UE a Marruecos. Las cooperativas agrupadas en Faeca califican de nefasto el acuerdo, que creen que es consecuencia de la diferente sensibilidad que tienen los países respecto al sector: para la Unión Europea no es un producto sensible mientras que para Marruecos se trata de un producto muy sensible.

En definitiva, el aceite andaluz (más del 80% del total nacional) se encuentra en la encrucijada. Si hasta ahora se miraba a Italia como único enemigo, ahora los recelos se dirigen también hacia Marruecos. Y no tanto por el potencial productivo de ambos países, sino en parte debido a las debilidades del sector andaluz, que vende a granel casi el 80% de su producción dejando escapar por tanto el valor añadido, y por la excesiva atomización de los productores, con más de 800 cooperativas vendiendo por su cuenta y apenas cuatro o cinco grandes grupos de distribución que imponen su dominio en los mercados.

Pero, lejos de la autocrítica, los productores se han apresurado a exigir responsabilidades a las autoridades españolas y comunitarias. Tanto la UPA como Asaja ya han pedido una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para que explique la postura del Gobierno español ante un acuerdo que temen pueda ser la puntilla para el sector oleícola.
Según datos del Comité Oleícola Internacional (COI), la producción media de Marruecos en las tres últimas campañas ha sido de 130.000 toneladas, cifra que está creciendo de manera notable como consecuencia de los planes de apoyo a este cultivo puestos en marcha por el Gobierno marroquí. Actualmente, Marruecos exporta en torno a 25.000 toneladas, cifra que se incrementará de manera importante al eliminarse los aranceles. “Este acuerdo agrícola va a provocar un efecto llamada y convertirá a Marruecos en la puerta de entrada a la UE de las producciones de aceite de oliva de los países del Mediterráneo”, sostiene Agustín Rodríguez, secretario general de UPA en Andalucía, que advierte de repercusiones “incalculables” para el sector oleícola andaluz abocado, en su opinión, a “una profunda reconversión con el cierre de miles de explotaciones y la destrucción de miles de empleos”. 

La liberalización del mercado marroquí llega en un momento muy crítico, con una caída de los precios en origen hasta situarse en los niveles más bajos de hace una década. El motivo ha sido en buena medida los excedentes de aceite de oliva, tanto los internos como los procedentes de otros países emergentes. A falta de conocer los datos oficiales, ya se sabe que esta campaña habrá una producción récord en las dos principales provincias olivareras, Jaén y Córdoba, con 615.000 y 280.000 toneladas, respectivamente. Una cosecha aceitera que no crece al mismo ritmo que el consumo. De hecho, las ventas de aceite envasado cayeron un 4%, según los datos de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores, Anierac, en parte porque los consumidores se están desviando hacia otras grasas más baratas.
Solo el aumento de las exportaciones permite que el sector mantenga el tipo. Pero esa tendencia se encuentra ahora amenazada por la liberalización del aceite de Marruecos. “Serán las importaciones de Marruecos las que van a condicionar la competitividad, los precios y el futuro de los agricultores andaluces. Porque no vamos a poder competir con los salarios de esclavos de Marruecos y con los incumplimientos permanentes de las fronteras y de la aplicación en materia fitosanitaria y de la seguridad alimentaria”, subraya Agustín Rodríguez. En la misma línea se pronuncian las cooperativas de Faeca, que argumentan que el olivar tiene unos elevados costes de producción ya que requiere mucha mano de obra, y que esta es mucho más barata en Marruecos.

Las organizaciones agrarias temen que con el nuevo pacto agrícola aumenten las inversiones extranjeras en Marruecos. De hecho, ya son muchas las empresas andaluzas que están en el país vecino. Es el caso de Todolivo, con miles de hectáreas de olivar en seto, es decir, con unas producciones superintensivas.

Cerca de 30.000 empleados de la enseñanza pública podrían quedarse sin empleo por la reforma laboral del PP, según CC.OO. y UGT

FUENTE: EL ROTO (ElPaís.com)

Cerca de 30.000 trabajadores de la enseñanza pública en Andalucía podría perder su empleo como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral en la comunidad, según las estimaciones hechas públicas este jueves por las Federaciones de Enseñanza de CC.OO. y UGT en Andalucía. 

En rueda de prensa, los responsables regionales de ambas federaciones, José Blanco y Juan Carlos Hidalgo, respectivamente, han cuantificado en cerca de 30.000 personas solo en el ámbito de las enseñanzas públicas universitarias y no universitarias las que se pueden ver afectadas en los próximos meses por el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral aprobado recientemente por el Ejecutivo central.

Según han explicado, en torno a 13.000 empleados de las etapas de 0 a 3 años, así como de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato son personal laboral (monitores, profesores de apoyo, personal para niños con discapacidades, etc), por lo que "podrían ser despedidos de forma casi inmediata si se apuesta por privatizar estos servicios". Igualmente, existen en torno a 8.000 profesores universitarios con contratos laborales PDI (Personal Docente e Investigador) que también "pueden ir a la calle" y unos 4.500 trabajadores de Administración y Servicios en la misma situación. A esto habría que sumar los "recortes" que se pueden ir aplicando en el sistema educativo público andaluz como consecuencia "de las medidas que está anunciando el Ministerio de Educación en estos dos primeros meses de Gobierno del PP", advierten Blanco e Hidalgo.

Se refieren así al posible aumento en dos horas de la jornada lectiva de los profesores de Educación Secundaria o a la suspensión de los desdobles educativos o de los profesores de apoyo, lo que supondría una reducción de "unos 10.000 profesores, sobre todo, interinos". En esta línea, Blanco e Hidalgo resaltan que los "más perjudicados de todas estas medidas son, en su mayoría, los más débiles, es decir, todos los que tienen contratos laborales y tienen incluso peores condiciones que los trabajadores de una empresa privada". "Además, con lo fácil y barato que es ahora despedir, con 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidad, pues...", augura Hidalgo.

CC.OO. y FETE-UGT consideran, por tanto, que la reforma laboral, "acompañada de todos los recortes que está habiendo en el sistema educativo público español", va encaminada a "fomentar un modelo de enseñanza privada, que no concertada, que hará que la enseñanza pública se resienta de forma desmesurada". "Las medidas que está anunciado el ministro de Educación José Ignacio Wert esconden un cambio sustancial de modelo educativo que generará una mayor desigualdad entre las clases y no garantizará la igualdad ni la equidad, ya que se prima al sector privado", argumenta Blanco.

Los sindicatos creen que esto tendrá sus mayores consecuencias en el ámbito universitario, donde, "con la excusa de buscar la excelencia y entrar en los rankings internacionales, se permitirá que sea el capital privado el que decida en las titulaciones a ofertar y en las investigaciones". No en vano, el Gobierno "ya ha anunciado que va a haber una nueva Ley de Ordenanza universitaria para una gestión más empresarial de las universidades y que puede afectar mucho al mapa universitario andaluz", ya que podría suponer la eliminación de titulaciones o facultades que no sean rentables económicamente. 

LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN 
Ante este "desolador" panorama, ambas organizaciones sindicales han llamado a los profesionales y trabajadores de la enseñanza y a la ciudadanía en general a la movilización. "Ni CC.OO. ni UGT estamos dispuestos a permitir eso, por eso hacemos un llamamiento a la sociedad para que se manifieste en defensa de los servicios públicos", ha dicho Blanco para animar a que la gente se eche a la calle el próximo 29 de febrero, día para el que están previstas movilizaciones en toda Europa.

Además, han exigido "a todos los partidos políticos" que, de cara a las elecciones autonómicas del 25 de marzo, "digan durante la campaña electoral cuáles son sus propuestas sobre los servicios públicos básicos" como la sanidad, la educación y la dependencia. "Queremos transparencia y claridad", han concluido