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| Susana Díaz, presidenta de Andalucía |
Este programa persigue combatir la exclusión social que la crisis ha provocado en muchos hogares y que, pese a las limitaciones presupuestarias, la comunidad autónoma demuestra que "es posible desarrollar otras políticas". "En Andalucía se hacen las cosas de manera diferente".
El Gobierno andaluz mantiene, de esta forma, el convencimiento de que el empleo es la mejor arma para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas y las familias. El Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales como Siles para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de interés para la comunidad. Se trata de un programa dotado con 40 millones de euros y que persigue combatir las situaciones de exclusión social que, con motivo de la crisis económica, se están dando en muchos hogares andaluces. Con esta motivación, en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.
El alcalde de Siles perdió la ayuda de 8.000 euros que el año pasado destinó para este programa la Junta de Andalucía
El PSOE de Siles ha mostrado su satisfacción por la apuesta que está realizando la Junta de Andalucía para ayudar a las familias que más lo necesitan. "El PP de Siles y el alcalde debería tomar nota de como se trabaja para ayudar a las personas que peor lo están pasando en esta crisis", ha señalado el portavoz del PSOE.
Los socialistas han lamentado que la parálisis a la que nos tiene acostumbrados el alcalde (PP) provocó que esta misma ayuda la perdieran los vecinos y vecinas de nuestro pueblo el año pasado. "El alcalde tuvo que devolver una ayuda íntegra que había recibido de la Junta de Andalucía porque no supo ejecutarla y beneficiar así a las personas de nuestro pueblo", ha señalado Pascual Bermúdez.
Decreto de Inclusión
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado junio el Decreto Ley para la Inclusión Social, que beneficiará a más de 160.000 personas. Este nuevo decreto destinará unos recursos adicionales de más de 64 millones de euros a paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Estos 64 millones suponen ocho millones más de la cuantía que se destinó el año pasado en el Decreto de Exclusión a las medidas que vienen incluidas en ambas normas. El presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o las Ayudas Económicas familiares.
En total, estas cuatro medidas suman cerca de 158 millones de euros destinados por parte de la Junta de Andalucía a la inclusión social. La iniciativa del Gobierno andaluz, en la que colaboran varias consejerías coordinadas por la de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. La norma se basa en tres pilares fundamentales: el Plan de Inserción a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria. Los objetivos, por tanto, se basan en promover la inclusión de los andaluces y andaluzas que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente mayores y menores.
