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| La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ángeles Jiménez |
Así lo ha trasladado la delegada, quien, en declaraciones a Europa Press, ha argumentado que esa "compleja situación administrativa" marcada por "una serie de deudas" está "impidiendo que las transferencias que realiza la Junta lleguen para pagar las nóminas de los trabajadores" de la residencia, considerada la mayor empresa de la comarca, de forma que las partidas quedan "absorbidas" por esos embargos.
En concreto, Jiménez ha detallado que el principal de esos embargos por su montante es uno de 755.472 euros procedente de la Tesorería General de la Seguridad Social, seguido de otro establecido por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Villacarrillo por importe total de 69.443 euros, si bien de esa cantidad "se ha pagado una parte", pero queda pendiente liquidar "43.623 euros" de ese montante para que se levante el embargo.
De igual modo, otro "embargo activo" es con el Juzgado de lo Social número 2 por una demanda laboral e importe de 13.847 euros, según ha abundado Jiménez, que ha señalado que el cuarto embargo está contraído con la Agencia Tributaria y asciende a "29.778 euros" en total, si bien de esa suma, y gracias "al pago de la liquidación por un convenio correspondiente al mes abril" realizado por la Junta de 18.790 euros se ha logrado reducir esa cantidad hasta 10.988 euros, que es la que queda "pendiente" de pagar para que dicho embargo desaparezca.
Con estas cifras la delegada de Salud ha querido responder al alcalde de Siles, que este jueves cifró en "más de 300.000 euros" la deuda del Gobierno andaluz con la residencia, y criticó que había en ella "13 plazas libres desde el año 2011 puesto que la Junta no las cubre".
Frente a ello, Jiménez ha señalado que el "último pago" correspondía al mes de abril, y que la "deuda real", debida a "liquidaciones vencidas y validadas" por la Junta, asciende a "220.000 euros" correspondientes a "parte" del mes de abril --del que "se ha pagado algo"--, y los meses de mayo y junio, de forma que las cantidades correspondientes a julio, agosto y septiembre "no se han gestionado todavía" porque desde la residencia han de facilitar "documentación", por lo que no contabilizan como deuda.
En todo caso, ha indicado que "aunque la Junta se pusiera totalmente al día" en sus pagos, esos 220.000 euros de "deuda real" no servirían para amortizar los "aproximadamente 800.000 euros" que suman los distintos embargos "activos", un "problema" que, según ha enfatizado la delegada, "tiene que resolver el alcalde en calidad de presidente de la fundación" que gestiona la residencia, para que las transferencias que realiza la Junta "lleguen para pagar las nóminas".
En ese sentido, ha subrayado que el regidor "lleva dos legislaturas" al frente del Ayuntamiento, por lo que "no puede culpar a la Junta de su gestión" ni "escurrir el bulto", al tiempo que ha criticado que esté "de juicio en juicio". "No es normal que una fundación esté de pleito en pleito", ha agregado Jiménez, que además ha señalado que el alcalde y presidente de la fundación "ha ido perdiendo demandas laborales" en este tiempo, después de "haber despedido al director y al equipo administrativo".
En relación a las plazas ocupadas, la delegada ha indicado que "la normativa establece", en virtud de "un acuerdo con el sector", que hay que "cubrir las plazas concertadas hasta un 85 por ciento", y aunque actualmente ese porcentaje está en el 80, "la próxima semana se va a incorporar algún usuario más, por lo que se cumplirá ese 85 por ciento".
