Desde el año 2003 el
Gobierno andaluz gestiona directamente la aplicación de las
políticas activas de empleo basándose en un modelo cuyos
principales ejes de actuación son la orientación profesional, la
formación para el empleo, el fomento de la contratación y el
autoempleo, así como la promoción del desarrollo local, otorgando
atención preferente a aquellos colectivos que tienen especiales
dificultades para acceder al mercado de trabajo. Estas políticas
tienen como finalidad mejorar las posibilidades del 1.043.714
desempleados registrados en nuestra comunidad para acceder a un
empleo, una oportunidad de formación, así como otras acciones
destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social.
Según la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria, los fondos de los
Presupuestos Generales del Estado que financian las políticas
activas de empleo gestionadas por las Comunidades Autónomas se
distribuirán cada año territorialmente siguiendo criterios de
reparto objetivos establecidos por la Conferencia Sectorial
correspondiente.
En la Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 24 de mayo se hizo
oficial el recorte del 56,9% que en 2012 sufren las políticas
activas de empleo en los Presupuestos Generales del Estado, pasando
de una dotación en 2011 de 3.061 millones de euros a 1.318 millones
de euros.
Y es un recorte de
exclusiva responsabilidad del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, pues si bien es cierto que los Presupuestos Generales del
Estado descienden un 0,2% y los del Ministerio un 7,4%, los fondos
para políticas activas de empleo que gestionan las CC.AA. lo hacen
en un 56,9%.
Además del mencionado
recorte, el presupuesto se distribuye entre las Comunidades Autónomas
de manera injusta pues no se actualizan los datos ni se tiene en
cuenta la realidad de los mercados de trabajo existentes en cada una
de ellas. Esta nueva distribución provoca que, si bien todas las
Comunidades Autónomas reciben menos fondos que en años anteriores
para insertar a sus parados en el mercado laboral, Andalucía salga
sensiblemente perjudicada en relación con las demás regiones,
poniendo en serio peligro las estructuras y servicios que en nuestra
región se dedican a la lucha contra el desempleo, entre otros, ALPEs
y promotores de empleo.
Andalucía dejará de
percibir 396 millones en las transferencias de las Políticas Activas
de Empleo que realiza el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De
esos 396 millones, 35 dejarán de recibirse por no aplicar el
Ministerio los criterios acordados en Conferencia Sectorial el pasado
24 de mayo para distribuir los fondos entre las Comunidades
Autónomas.
La no aplicación de los
criterios perjudica fundamentalmente a las Comunidades de Extremadura
y Andalucía, y beneficia a las Comunidades de Madrid, Galicia y
Valencia. Mediante disposición adicional en los Presupuestos
Generales del Estado, el Gobierno palia los recortes de Extremadura
realizando una subvención nominativa extraordinaria de 4 Millones de
euros para un Plan Integral de Empleo en esa comunidad, que han
permitido al Gobierno de Extremadura garantizar el mantenimiento de
los 198 ALPEs con una dotación de 2,8 millones de euros. Estos 4
millones de euros adicionales para Extremadura son fruto de una
enmienda presentada a instancias del Partido Popular de Extremadura.
Por
todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del
Excelentísimo/Ilustrísimo Ayuntamiento de Siles
propone para su aprobación el siguiente:
ACUERDO
Uno. Exigir al
Gobierno de España modificar el criterio del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social por el que los fondos para las políticas activas de
empleo gestionadas por las CC.AA. decrecen en un 56,9% cuando los
Presupuestos Generales del Estado descienden un 0,2% y los del
Ministerio un 7,4%.
Dos. Instar al
Gobierno andaluz a asumir durante tres meses, hasta el 30 de
septiembre, la financiación de los ALPEs, directoras y directores de
UTEDLT, y promotores de empleo, en las condiciones que permita su
capacidad presupuestaria, al objeto de posibilitar que el Gobierno de
España reconsidere la merma de recursos para las políticas activas
de empleo en nuestra Comunidad, y por tanto la continuidad de estos
programas.
Tres. Reclamar al
Gobierno de España los 35 millones de euros que se deja de percibir
por la decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de no
aplicar “los criterios de distribución aprobados en la reunión de
la Conferencia Sectorial de empleo y asuntos laborales celebrada el
23 de junio de 2009” como literalmente recoge el certificado de
fecha 24 de mayo de 2012, del Secretario Permanente de la
Conferencia. La obtención de estos recursos posibilita el
mantenimiento de la actividad de los ALPEs y de los Promotores de
Empleo.
Cuatro.
Exigir al Gobierno de España que articule y dote de manera
suficiente un Plan Integral de Empleo de Andalucía, como ha
financiado en Extremadura, que permita la continuidad de los ALPEs y
Promotores de Empleo que tenga en cuenta las características
actuales del mercado de trabajo en Andalucía y que dé cobertura a
las acciones y servicios que la Junta de Andalucía destina a
combatir el desempleo.
