Con respecto a la ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio, aprobada por unanimidad, la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, ha explicado cómo “supone establecer criterios para poder prescribir la asistencia que se va a dar en los domicilios de los usuarios en función del nivel y grado de dependencia, además de posibilitar que al margen de la ley de dependencia se puedan admitir casos urgentes de personas mayores o con discapacidad; y familias que tienen especial vulnerabilidad debido a la situación de los menores”.
Concretamente, se destinarán 29 millones de euros, con los que se hace posible la atención a más de 4.000 personas dependientes, así como el empleo, básicamente para mujeres del mundo rural: “son casi 1.700 mujeres las que trabajan en la ayuda a domicilio en los 91 municipios –los menores de 20.000 habitantes– que atiende la Diputación”, ha puesto de relieve Parra.
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