La Junta de Andalucía destinará 106 millones de euros en los dos próximos años a un conjunto de medidas urgentes para reactivar el empleo entre la población de más de 30 años, uno de los colectivos más duramente castigados por la crisis económica. Así se recoge en el Programa Emple@30+ aprobado por el Consejo de Gobierno, que seguirá pautas similares a las de los vigentes planes contra el paro juvenil. Entre otras medidas, incluye una nueva línea de incentivos a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para la contratación en proyectos sociales.
La nueva iniciativa se regula bajo la fórmula del decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Entre los datos que justifican la exigencia de esta actuación rápida destaca la alta incidencia del paro en este colectivo, el más afectado por la pérdida de empleos desde el inicio de la crisis e integrado fundamentalmente por personas que trabajaban en el sector servicios (más del 50%) y la construcción (15,7%).
Frente a ello, el Programa Emple@30+ incluye dos grandes líneas de ayudas: la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, que facilitará contrataciones en proyectos de obras y servicios por parte de los ayuntamientos, y la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, para servicios de utilidad colectiva a cargo de entidades sin ánimo de lucro. Ambas estarán cofinanciadas con fondos europeos.
Como personas destinatarias de las ayudas previstas, el decreto ley señala a todas aquellas de edad igual o superior a 30 años inscritas como demandantes de trabajo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Dentro de este colectivo, se consideran prioritarias las beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, las desempleadas de larga duración que han agotado la prestación por desempleo, las titulares del Bono de Empleo Joven que no formalizaron en su día un contrato de trabajo y que ahora tienen más de 30 años y las personas desempleadas de larga duración con dificultades para incorporarse por vez primera al mercado laboral o, en su caso, reincorporarse al mismo por su prolongada inactividad.
La primera de las iniciativas incluidas en el decreto ley, denominada Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo 30+, tiene como objetivo promover la contratación en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintas de las que realiza regularmente el personal de la Administración local. Con un presupuesto total de 80 millones de euros para 2014 y 2015, la Junta sufragará el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de hasta seis meses de duración y preferentemente a jornada completa. Los contratos deberán concluir antes del 1 de mayo del próximo año.
Reparto territorial
Como medida de equilibrio territorial, el decreto ley distribuye las ayudas entre todas las localidades andaluzas atendiendo a su peso poblacional y al porcentaje de desempleados de más de 30 años. Así, el 50% se reparte entre los municipios en función de esta tasa respecto del total de Andalucía y el 50% restante según la población. No obstante, la Junta garantiza una ayuda mínima de 7.800 euros por municipio.
Por su parte, la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, dotada con 26 millones, promoverá la contratación de personas desempleadas, durante un máximo de seis meses, por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro en los ámbitos de la dependencia y servicios sociales; recursos de proximidad y a domicilio; gestión sostenible; economía social y emprendimiento; innovación; comercio de proximidad; comercio exterior; tecnología de la información; voluntariado; medio ambiente y recursos naturales, y cultura, ocio y deporte. En estos casos, la Junta concederá hasta un máximo de 200.000 euros por entidad para iniciativas que finalicen antes del 31 de mayo del próximo año.
Los criterios de valoración primarán el número de contratos, su jornada y el tipo de proyecto (con mayor puntuación para los relacionados con servicios sociales y atención a la dependencia), así como la aportación financiera de la organización promotora.
Tanto en la línea de ayudas para los ayuntamientos como en la dirigida a entidades, tendrán preferencia los parados de larga duración (inscritos como demandantes al menos doce meses ininterrumpidos) que estén empadronados en el municipio donde se desarrolle la actuación. Los ayuntamientos y entes sociales beneficiarios deberán presentar sus solicitudes de proyectos ante el SAE en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la normativa aprobada por el Consejo.
